Los grupos de negociación del Parlamento Europeo y del Consejo de la Unión Europea han acordado ampliar las infraestructuras consideradas como críticas. A las existentes se agregarían las infraestructuras digitales, las de los mercados financieros, la banca, la salud, el espacio, el agua potable, las aguas residuales, el medio ambiente, la administración pública y la producción y distribución de alimentos.
Este acuerdo tiene como objetivo establecer normas mínimas comunes con las que los estados miembros de la Unión Europea adopten estrategias nacionales que refuercen la protección de los proveedores esenciales. Según la futura normativa, los proveedores de estos servicios críticos también deberán autoevaluar sus riesgos y notificar incidentes, mientras que las autoridades nacionales tendrán la posibilidad de inspeccionar esas infraestructuras críticas.
Por el momento, este consenso aún tiene que ser refrendado por la Comisión de Libertades Civiles del Parlamento y aprobado de manera formal por el Parlamento y por el Consejo.
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